LOS INCENDIARIOS

Los incendios han devastado hasta la semana pasada más de 3.5 millones de hectáreas. El gobierno informa diariamente cuantos focos de calor existen, pero guarda un sospechoso silencio en relación con la magnitud de las hectáreas devastadas y su localización. Una cosa así no se había visto antes en nuestro país. Se podría pensar que se han incrementado por efectos climáticos, y eso es relativamente cierto, empero, los expertos en medio ambiente y el propio gobierno opinan que, ni duplicando la intensidad de la sequía y la elevación de las temperaturas podrían producirse la cantidad de incendios que estamos experimentando. A todo esto, se suma que ya para nadie es un secreto que el 80% de los incendios forestales son causados de forma intencional. Se trata de avasalladores en potencia que “preparan” la toma de estos predios que, una vez devastados por el fuego, en muchos casos bajo la protección del gobierno, serán luego legalizados mediante el INRA. El gobierno se niega a declarar Emergencia Nacional y deslinda gran parte de sus responsabilidades a los niveles subregionales, en todo caso, está claro que observa con cierto beneplácito la cantidad de tierra que dispondrá para negociar votos el 2025. Se trata a claras luces de una maniobra absolutamente coherente con la moral masista. Sin embargo, más allá de todos estos dolorosos vericuetos el hecho de que el 80% o más de los incendios fueron provocados de forma premeditada, devela la magnitud del deterioro general de la sociedad nacional. La gran mayoría de los ciudadanos en el mundo entero consideran sin muchos remilgos que prenderle fuego a la “Madre Tierra” es un acto criminal que atenta no solo contra el equilibrio ambiental, sino, además, contra todas las formas de vida en el planeta. Los incendiarios fácilmente podrían ser tipificados como criminales, de hecho, nuestra legislación contempla un tipo delictivo denominado “ecocidio”. Con absoluta seguridad hace 20 años atrás ni el más pobre de los pobres se atrevía a incendiar vastas extensiones del territorio nacional, y ni pensar que lo intente en un área protegida, este tipo de criminales son un producto nuevo, son la resultante del “Proceso de Cambio” y del fracaso del proyecto plurinacional masista. Hace 20 años nadie se atrevía a incendiar el país, y no lo hacían porque el conjunto de los ciudadanos (independientemente de su credo, su filiación étnica, su preferencia política, su nivel socioeconómico, o cualquier otro distintivo) sabían que los apetitos personales y las prebendas políticas tenían un límite moral y una talla ética que nadie estaba dispuesto a transgredir. Existía un país donde la convivencia dependía de la aceptación mutua, del reconocimiento de determinados valores y normas sociales que ponían límites, otorgaban derechos y exigían obligaciones. Hace 20 años, la justicia (sin ser un dechado de virtudes, porque nunca lo fue) se aplicaba con cierto rigor a todo el que cometía un delito, hoy se los premia, se les otorga tierras, se les encarga puestos diplomáticos y se los reconoce públicamente. Hace 20 años, ningún gobierno hubiera guardado un silencio abrumadoramente cómplice, criminal y claramente calculado como el silencio del actual gobierno. Hace 20 años, teníamos un país cuya institucionalidad le daba consistencia al tejido social, funcionaba fuertemente ligado a los valores que garantizaban la vida en los marcos de la legalidad, la solidaridad, el cumplimiento de deberes. Han pasado 17 años desde que Evo Morales tomó el Poder y se dio a la tarea, pulcramente continuada por Arce Catacora, de pulverizar todos los mecanismos que les dan consistencia moral y ética a las sociedades. En lo más profundo del sentimiento nacional sabemos que nos han dejado los despojos de una nación que se debate en la búsqueda de una salida histórica capaz de reconstruir su institucionalidad y la Nación misma.  Bajo esas condiciones, los incendiarios no son creaciones del demonio, son lo único que pudo producir el fallido proyecto plurinacional, cuyo resultado puede percibirse como un momento en que ya nada está donde debía y menos los valores, los principios, las normas y la Ley, de manera que, si usted pretende meterle fuego al vecino, no se preocupe, no le pasará nada, semejante atropello está en el guion masista.

 1952, el nacionalismo revolucionario

 y el Estado que acaba de concluir

Se han cumplido 71 años de la sublevación del 9 de abril de 1952, un evento cuyas consecuencias transformaron el espectro histórico de la nación. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR) fue el autor del proceso revolucionario. Este poderoso partido administró directamente el gobierno (considerando todas sus versiones) por el lapso de 27 años 3 meses y algunos días, es decir, el 34% del periodo 1952-2023. Tuvo 11 periodos presidenciales a su cargo, de los cuales 5 culminaron el tiempo constitucional establecido (4 años). Víctor Paz Estenssoro fue 4 veces presidente, de los cuales 3 concluyó su mandato. Hernán Siles Zuazo fue 2 veces presidente de los cuales solo en 1 permaneció los 4 años establecidos. Gonzalo Sánchez de Lozada fue también 2 veces presidente y concluyó su periodo constitucional solo en 1. Lidya Gueiler Tejada, Walter Guevara Arce y Carlos Mesa Gisbert gobernaron bajo los cánones ideológicos del MNR y ninguno de ellos culminó el mandato, fueron en todo lo que quepa en la expresión, gobiernos de emergencia. Esta reseña da cuenta del poder de ese partido y su influjo en el devenir histórico.

En los 71 años transcurridos desde 1952 a la fecha el país experimento 4 “momentos” políticos diferentes: uno nacionalista plenamente revolucionario, (1952-1956) que se proyectó hasta 1964. Uno de corte fascista que se inicia en 1964 con René Barrientos O. y culmina en 1982 con el retorno de la democracia. Uno democrático liberal que va de 1982 al 2006, y finalmente uno indigenista que cubre el periodo 2006 y concluye el 2019 con la renuncia de Evo Morales A.

En la tradición analítica nacional se ha considerado que estos momentos constituyen episodios diferentes y en consecuencia se los analiza por separado. Se asume que fueron consecuencias externas al proceso de la Revolución Nacional, sin embargo, un análisis más detallado de cada uno de ellos desde una perspectiva histórica y no meramente coyuntural, muestra que fueron expresión de las contradicciones internas del mismo proceso, complejo proceso que la terminología especializada instala bajo la categoría de “Estado del 52”, es decir, todos se suceden al interior del proceso de transformaciones de largo alcance que conocemos como “Revolución Nacional”

Lo que en realidad sucedió es que la Revolución liberó todas las fuerzas políticas que se habían ido desarrollando desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. De hecho, sabemos que la fundación del Partido Liberal de Camacho en 1.883, inicia el proceso de formalización de organizaciones políticas propias de la modernidad, organizaciones políticas liberales y conservadoras junto a las nuevas fuerzas de izquierda van germinando a lo largo de todo ese periodo y formarían el capital político que dio curso a la Revolución del 52.

Ejecutadas las reformas estructurales (nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y reforma educativa) e irreversiblemente derrotada la estructura del Poder oligárquico, las fuerzas del MNR ejecutaron el proceso de transformación nacionalista, al mismo tiempo, las tendencias de extrema derecha se desarrollaron bajo la coraza de las Fuerzas Armadas abriendo en 1964 el ciclo de dictaduras militares de corte fascista. Las tendencias democráticas aliadas en la UDP (Unidad Democrática y Popular) recuperaron la democracia en 1982 bajo el sino de una democracia neoliberal, y las tendencias indigenistas e indianistas, enarbolando los postulados de pluralidad multiétnica y racial (que en realidad se los había instalado en el imaginario social boliviano a principios del siglo XX) terminan ganando las elecciones del 2005 con el MAS y Evo Morales.

Todos estos fenómenos se ejecutan como un solo movimiento de la historia que reconocemos bajo la categoría sociológica de “el Estado del 52”, por esa razón, dado que todos se mueven dentro el campo político de ese Estado, la percepción que uno logra es que todos estos fenómenos hacían parte de un solo movimiento de la historia, y que, ese movimiento llegó a su fin el 2019 con el quiebre del proyecto plurinacional masista. El MAS cierra el ciclo del Estado del 52 en un fallido intento por consumar el proyecto de inclusión social que se había gestado tempranamente en el siglo XX, y que se concreta formalmente con el voto universal y la reforma agraria del MNR. La inclusión real y no meramente formal que logra el MAS de Evo Morales, es en última instancia, la conclusión del proyecto de sociedad que el MNR dejó inconcluso, esto es, el cierre del Estado del 52.

Si el ciclo ha concluido, resulta obvio preguntarnos qué momento estamos viviendo. Tan obvia como la pregunta es la respuesta: vivimos los dolores de parto entre un Estado concluido y la búsqueda de una solución de continuidad histórica más allá de las formas democrático-populares, populistas, liberales, indigenistas o fascistas consumadas en la historia boliviana desde mediados del siglo anterior.

Se trata de una transición difícil en la que los grandes discursos nonagésimos y los proyectos cuyo referente clave fue lo popular, han cedido el paso a un referente propio del capitalismo tardío; el ciudadano. Hoy los interlocutores válidos frente al poder instituido son los ciudadanos de a pie. Aquellos épicos momentos en que las “masas populares “definían el curso de la historia y doblegaban los gobiernos con todo el peso del sindicalismo obrero y campesino, son un referente de segundo plano. Las grandes reformas y la defensa de los intereses nacionales y los derechos ciudadanos ya no dependen de los sindicatos y organizaciones populares, tampoco de sus “partidos” y menos de su ideología, hoy se asientan en el Poder Ciudadano cristalizado en plataformas, agrupaciones ciudadanas e instituciones de la sociedad civil.

Esta difícil situación muestra hoy sus vértices más peligrosos expresados en una creciente polarización, y un cúmulo de conflictos que expresan la urgencia de construir un nuevo proyecto de Estado y un diseño de sociedad capaz de responder los desafíos del siglo XXI más allá de las ideologías, de las visiones étnicas y raciales o de las posturas radicales de una izquierda y una derecha que en las sociedades de la ciencia y la comunicación resultan superfluas.

 

¿Vivimos el fin del Estado Popular?

Para nadie es un secreto que las disputas internas del MAS han puesto de manifiesto el fin de la hegemonía masista y a su vez, el fin del Estado Popular. La impresión generalizada es que se disputan lo último que queda; lo último que queda del Estado Popular frente a la inminencia del Estado-ciudadano. Al primero lo fundamentaba lo “nacional-popular”, al segundo lo fundamenta lo “democrático-ciudadano”. Vivimos pues una batalla epocal.

No se trata de un problema de gobernabilidad, se trata de un momento de Crisis estructural del Estado que nos deja la sensación de que mientras ellos se sacan los ojos el país funciona a la deriva, por encima, o por debajo, pero bastante lejos de las trifulcas masistas.

En torno a esto hay en la actualidad tres interpretaciones sociológicas que intentan explicar el actual estado de cosas: Una sostiene que se trata de un Estado Fallido, es decir, de un Estado que fracasó en el manejo de la nación y que nos llevó al límite histórico del desastre. Otra, la oficialista, que sostiene que lo que vivimos son las vicisitudes de la transformación histórica producto de la Revolución Cultural y la fundación del Estado Plurinacional, y la mía propia que sostiene que ha concluido el periodo histórico del Estado Popular, y que, en su lugar vivimos un momento de transición en que la sociedad  y las instituciones de la sociedad civil intentan organizarse como fuerzas políticas a partir de las identidades urbanas, ahora nucleadas en plataformas ciudadanas y grupos de presión propios de la calle.

Los argumentos en favor de un Estado Fallido son sin duda válidos. El MAS fracasó en su intento de transformar el país en el escenario del Socialismo Siglo XXI. Ninguno de sus postulados alcanzó un nivel que dejarían marcado un derrotero de curso obligatorio, como fue por ejemplo la nacionalización de las minas o el Voto Universal ejecutados por el MNR como base de la Revolución Nacional. La inclusión social de los indígenas y otros sectores siempre excluidos hace parte del programa nacionalista, el MAS lo hizo posible más allá de las formalidades, y eso hay que reconocérselo encomiablemente, a más de esto y algunas otras pocas cosas más, las medidas que desplegó el MAS solo fueron las expresiones finales del Estado del 52 con una sobre dosis de racismo a la inversa. Ninguna fue un acto propiamente fundacional.

Los argumentos que consideran que la crisis actual se debe a la descomposición del Estado Plurinacional son igualmente válidos, pero ésta crisis final del MAS es también producto del Fin del Estado Popular. Es la evidencia de que el intento de Refundar una Nación desde la perspectiva de raza no era más que una distopía en la medida en que deviene absurda en el escenario de la mundialización de las culturas y la globalización de las economías, a más de que el occidente capitalista no tiene posibilidad alguna de existir al margen de la modernidad victoriosa, y el pachamamismo masista va –en consecuencia- en contra ruta de toda la historia de la civilización occidental capitalista, habida cuenta del fracaso universal del socialismo real.

Lo que en mi criterio atravesamos es un momento en que la descomposición del periodo nacionalista, (de 1952 a la fuga de Evo Morales el 2019) sumado a la crisis global de las ideologías nonagésimas, la emergencia de los ciudadanos de a pie como los nuevos sujetos de la historia de occidente (por encima de los clásicos protagonistas del siglo XX; los obreros y los burgueses) bloquearon todos los intentos de transformar el nacionalismo revolucionario del MNR en un indigenismo excluyente y racialmente pautado, que en los hechos nunca fue parte del plan revolucionario del MNR, al contrario, al basar su accionar político en la alianza de clases que lo llevó al Poder, evitó cualquier contaminación de orden racial o étnica. La Revolución Nacional se proyectaba como una República capitalista inscrita en la modernidad al mejor estilo de occidente, el Estado Plurinacional es su antítesis histórica.

Los nuevos actores políticos, nacidos del Poder Ciudadano deben desarrollar una visión clara sobre la trascendencia del momento actual. No se trata de un recambio de gobernantes, tampoco de un golpe de timón en el actual estado de cosas, menos de la reposición de las condiciones previas al advenimiento del MAS el 2005, se trata de un momento de inflexión en que alguien debe reencausar la historia nacional bajo un nuevo paradigma político e “ideológico” (si cabe el término de por sí caduco) Un nuevo paradigma en el escenario propio del siglo XXI y en el horizonte de la democracia ciudadana y liberal, por ello, las jóvenes generaciones actuales tienen, en toda la extensión de la palabra, un desafío de dimensiones epocales.