¿A quién representa hoy la Central Obrera Boliviana?

 ¿A quién representa hoy la Central Obrera Boliviana? Para empezar, si nos remitimos a los datos, la COB representa el 14% de la población laboral boliviana; es decir, la cantidad actual de asalariados que acceden a un empleo formal. Este dato pulveriza la pretensión de representar «al pueblo», salvo que “el pueblo” se reduzca a sus acólitos. Además, la clase obrera que dice representar ha dejado de poseer las características del “obrero” del siglo XX. Los “obreros” de la COB ganan más que el presidente de la república, más que cualquier ministro, mucho más que cualquier profesional dependiente y muchísimo más que cualquier ciudadano que se gana la vida como trabajador independiente. Están tan lejos de ser pobres y explotados como yo de la galaxia de Andrómeda.

Los miembros actuales de la COB constituyen una plutocracia sindical, moralmente corrupta. A esto se suma el hecho de que la globalización y la posmodernidad no han sido meras categorías teóricas, sino fuerzas tectónicas que dinamitaron los paradigmas ideológicos bajo los cuales se gestó la identidad obrera desde el siglo XVIII. Pocos son los países donde la clase obrera mantiene vigente la narrativa del explotador perverso, evolucionan en la praxis y el discurso y lucha por ampliar los beneficios que les da el capital. En Bolivia, la corrupta y prebendal dirigencia obrera ha quedado anclada en una lógica de representación que parece ignorar el desarrollo de las fuerzas sociales. De hecho, la negación tácita de sus anticuados discursos se los refriega en el rostro la emergencia imparable de las burguesías populares y su proyecto de un capitalismo popular, un fenómeno que se sitúa muy lejos del «lamento boliviano» que sirve de coro a las narrativas ideológicas de los cobistas.

Estas burguesías nativas buscan con éxito la eficiencia productiva, el respeto al marco liberal y el imperio de una democracia como horizonte de legitimidad para cualquier actor social. Están a años luz de las izquierdas que fracasaron en todo el planeta y que, sin embargo, sobreviven en la COB y sus bien remunerados dirigentes. La contradicción principal radica en que la COB, al aferrarse a los preceptos más decrépitos de un socialismo que ha demostrado su inviabilidad, se sitúa de manera consciente en un desfase histórico respecto al desarrollo del capitalismo. Actúa, no como un catalizador de nuevas formas de ciudadanía, sino como un lastre estructural que busca perpetuar privilegios sectoriales a costa de la mayoría excluida del circuito del trabajo asalariado. (86% de la población boliviana). Hoy, la COB funciona como una élite corporativa y corrupta que ha sustituido el proyecto emancipador de la clase obrera por la captura de rentas y la defensa de prebendas.

Este desfase no es solo un error de cálculo coyuntural, sino una falla profunda en la comprensión de las nuevas dinámicas del poder y la naturaleza del capitalismo del siglo XXI. El poder ya no se construye mediante el control patrimonial de los aparatos del Estado o sus instituciones, sino mediante la capacidad de articular los intereses de una sociedad diversa que busca seguridad jurídica, emprendimiento e integración real al mercado global. Todo para Argollo y sus acólitos es chino mandarín. La vigencia de la COB se encuentra, por tanto, en una tensión irresoluble con los preceptos liberales que sostienen la democracia contemporánea.

La COB insiste en validar mecanismos de presión que atentan contra la institucionalidad, privilegia el bloqueo, la movilización coercitiva y la violencia callejera en lugar de transitar hacia una representación que reconozca la pluralidad de actores en el juego democrático. En consecuencia, no solo es una organización caduca, sino, además, dictatorial y antidemocrática. Al ignorar que el poder ya no reside en sus entrañas, la COB se ha convertido en un actor que, a pesar de su retórica revolucionaria, termina actuando como una fuerza profundamente conservadora impidiendo que la sociedad boliviana pueda avanzar plenamente hacia un modelo de desarrollo que, bajo los principios de la libertad y el respeto al derecho, permita reducir efectivamente la pobreza y la desigualdad. Es indispensable en este momento de examen crítico, cuestionar si el modelo de representación cobista no es a estas alturas, el principal obstáculo para el desarrollo de una clase obrera que pueda dialogar con el mundo contemporáneo sin los prejuicios de un pasado ideológico fracasado en todo el planeta. Es absolutamente necesaria una ruptura epistemológica que permita entender que el capitalismo popular no es el enemigo, sino el terreno donde se está librando la verdadera batalla por la dignificación de los ciudadanos. La población exige respuestas a su incertidumbre económica y no la repetición de mantras colectivistas que, lejos de ofrecer soluciones, profundizan el subdesarrollo y la pobreza.

La COB, si desea recuperar alguna relevancia que no sea la meramente disruptiva, tendría que reconocer que su época de vanguardia ha concluido y que su futuro, de existir alguno, depende de su capacidad de transformarse en un actor que acepte la lógica democrática como el escenario de las próximas batallas por la historia. Debe abandonar su pretensión de ser la única voz de los trabajadores y escuchar el clamor de quienes, siendo la mayoría, nunca han sido representados por los cuadros burocráticos y prebendales que han hecho de la militancia cobista una profesión y del corporativismo corrupto su única razón de existencia.

 

 

 AL FILO DE LNAVAJA

Quizá la expresión que sirve de título a este breve articulo ejemplifique de mejor manera la profundidad de la disyuntiva política que enfrenta el país. Un momento en que nos sobrepasa la angustia de la transición y la búsqueda agobiante de un punto de inflexión en el que se enfrentan el pasado y el futuro, y que a su vez contrapone dos visiones de Estado: una localizada en los ancestrales anaqueles en que el masismo pretendía fundar un Estado, y otra en la avasalladora modernidad tardía que nos envuelve. Bolivia se encuentra pues “al filo de la navaja”

Debemos decidir si reposicionamos los sujetos históricos del populismo, o centramos el Poder del Estado y el diseño de sociedad en el ciudadano de la modernidad. Debemos decidir nuevos mecanismos de participación ciudadana, nuevas formas de representación, una nueva institucionalidad democrática en donde el ciudadano es el protagonista y artífice de su destino. El conflicto actual, con toda su profundidad y complejidad, es un dilema al exterior del Estado; es una disputa entre dos modelos de Estado y de sociedad, y dos formas de administrar el desarrollo del país. No se trata de que las fuerzas “populares” entraron en conflicto con las “fuerzas ciudadano-democráticas”, se trata de la contradicción de dos modelos de Estado y sociedad totalmente diferenciados. Si Rodrigo Paz logra doblegar las poderosas fuerzas de la tradición popular/populista y desplegar la idea de nación que posee, habrá logrado un salto cualitativo, una verdadera revolución democrático-ciudadana.

La historia de Bolivia nos revela que la transición de una forma específica de organización estatal se experimenta siempre como una sucesión de momentos confusos y con fuertes cargas de violencia real o simbólica. Lograr el tránsito de un modelo estatal a otro supone, por ello, un resurgir de los actores y la proyección de nuevas lecturas de la realidad íntimamente ligadas a su propia experiencia ciudadana. El agotamiento del ciclo que hemos denominado el Estado del 52 (ese complejo tramado de factores sociales, culturales y políticos iniciados por la Revolución Nacional) ha dejado un vacío que las fuerzas del populismo etnocéntrico intentaron llenar con una narrativa anclada en el pasado que hoy colisiona frontalmente con una sociedad civil que se reconoce, ante todo, como ciudadana. Una pujante burguesía popular, el avance de un capitalismo igualmente popular cimentado en mas de un 85% de informalidad económica, y una clase media en avance han creado las bases de un cambio paradigmático que hoy, en el conflicto con la COB y otros sectores muestra las dimensiones del desafío.

Lo que presenciamos no es una simple pugna por la administración del Poder, sino, el punto culminante del cierre de un ciclo histórico y la emergencia de un nuevo sujeto interpelatorio. El Movimiento al Socialismo, bajo la égida de Evo Morales, cumplió la misión de concluir las tareas pendientes de la Revolución Nacional, sin embargo, al intentar “racializar” el proceso terminó por asfixiar las pulsiones de una modernidad que ya había echado raíces en la subjetividad nacional, desde al menos mediados del siglo pasado. El conflicto que enfrenta Rodrigo Paz, desde esta perspectiva, simboliza la resistencia de la modernidad al impulso de las fuerzas mas retrógradas y fundamentalistas que fue capaz de engendrar el “Estado Plurinacional”. Es, en última instancia, la lucha por una "democracia real" que supere la “democracia popular” corporativista que fracasó en los 20 años que usufructuó del Poder.

La crisis de representación política que dinamiza los nuevos movimientos sociales, indica que las viejas estructuras del populismo y el capitalismo salvaje de hace poco tiempo atrás ya no consiguen escuchar ni responder las demandas de la mayoría de los ciudadanos. Sus discursos tampoco significan ya mucho para la sociedad actual. Sus rígidas consignas ideológicas caen en saco roto y emergen en su lugar poderosas fuerzas en defensa de su identidad, su patrimonio y sus derechos fundamentales.

El desarrollo de las fuerzas productivas, incluso bajo el modelo neoliberal y el posterior auge extractivista, ha dado curso a la formación de una clase media ascendente y una "burguesía popular" que, aunque posee rasgos étnicos, funciona bajo las leyes del capital y la modernidad. Estos nuevos sujetos económicos están cada vez más lejos de las pulsiones populares que servían de sustento al discurso oficial del populismo masista; son ciudadanos que valoran el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la inserción global y, en consecuencia, el discurso masista centrado en el mito y la ancestralidad, ha dejado de engranar con una sociedad civil que se mueve en el horizonte de la democracia ciudadana.

Por otro lado, el debilitamiento de las fuerzas del "campo popular" no es un fenómeno aislado, sino la constatación de que lo "nacional-popular" ha dejado de representar la trama del proceso contemporáneo. Hoy es más apropiado hablar de un "campo democrático-ciudadano", donde la fuente del Poder ya no nace exclusivamente de los sectores más pobres o ricos, sino de una ciudadanía diversa que reclama el reconocimiento de su individualidad. La ideología ha sido sustituida por la defensa de la vida cotidiana. Los ciudadanos ya no buscan el trastocamiento radical del orden constitucional, sino, la cualificación del orden democrático: mejor democracia y mas eficiente

En este escenario de transición, la disyuntiva es clara: o persistimos en un modelo estatal agotado que instrumentaliza el pasado para justificar el autoritarismo, o avanzamos hacia la construcción de un proyecto estatal que sea la superación definitiva del Estado del 52. Este nuevo Estado debe ser capaz de organizar el aparato administrativo en función de una visión ciudadana, rescatando la institucionalidad democrática y garantizando que el ciudadano sea el artífice de su propio destino, es decir, redireccionando las políticas públicas. La superación del orden estatal que plantea Rodrigo Paz debe leerse, por tanto, como el esfuerzo por consolidar una nación que, sin negar sus raíces, se proyecte con firmeza hacia el futuro de la modernidad tardía.

Finalmente, Bolivia se encuentra ante la posibilidad de dar un salto cualitativo; la transición hacia un modelo democrático-ciudadano no es solo un deseo, sino, una necesidad histórica para evitar que la nación quede atrapada en el “eterno retorno” de un populismo que ya no tiene respuestas para los desafíos del siglo XXI. El ciudadano de la modernidad ya no espera que el Estado le otorgue su identidad política; la ejerce en las calles, en las redes y en cada acto de defensa de su libertad y ese será, en el peor de los casos, el último campo de batalla.

   34.618 formas de hacer democracia
Por: Renzo Abruzzese
 

El Tribunal Supremo Electoral ha comunicado que, por primera vez en la historia electoral de Bolivia, se elegirán 34.618 autoridades subnacionales inscritas por un total de 184 organizaciones políticas.  112 candidatos a gobernación, 37 a subgobernadores, 1.452 asambleístas y 2.961 candidatos a alcaldías. ¿Cómo explicamos esta efervescencia electoral?

Primero, la proliferación de candidaturas y siglas políticas en Bolivia no debe ser interpretada como un fenómeno de dispersión caótica o una muestra de inmadurez ciudadana. Por el contrario, nos encontramos ante un hecho sociológico de profunda significación que revela la transición de un modelo estatal agotado hacia una nueva configuración de la sociedad civil. Esta multiplicidad de candidaturas es, en última instancia, un avance fundamental en la recuperación de la salud democrática tras dos décadas de un autoritarismo populista que pretendió clausurar el disenso y uniformar la voluntad general bajo la sombra protectora del caudillo. Durante este largo periodo, la representación social fue secuestrada por una narrativa que redujo la complejidad de la nación a una sola categoría "popular", excluyendo sistemáticamente a las identidades emergentes, por ello, la atomización que observamos hoy es el "deshielo" necesario de un cuerpo político que estuvo congelado por la lógica del pensamiento único. La recuperación de la democracia no es solo un acto electoral, sino la restitución de la pluralidad como el único escenario posible para la convivencia democrática en la modernidad.

En segundo término, esta proliferación es un síntoma de la descomposición del Estado autoritario y, de manera más profunda, el acta de defunción definitiva del ciclo histórico iniciado con la Revolución Nacional de 1952. Como se ha argumentado en trabajos previos, el proyecto del Movimiento al Socialismo no representó una ruptura real con el pasado, sino, más bien, la fase conclusiva y degradada del nacionalismo revolucionario iniciado por el MNR. El MAS-IPSP fue el encargado de cerrar el proceso de transformaciones que el viejo Estado del 52 dejó pendientes, especialmente en lo relativo a la inclusión indígena en las estructuras de poder real. Agotada esta tarea histórica bajo el signo de la modernidad capitalista, el Estado centralista y corporativo ha perdido su capacidad de organizar el aparato político en función de una narrativa común. La dispersión de candidatos es el reflejo de una sociedad que ya no cabe en el corsé del "Estado del 52" ni en sus fundamentos ideológicos obsoletos. La emergencia de una "burguesía chola" (junto a la aspiración de un “capitalismo popular” que hoy cabría en la expresión “capitalismo para todos”) y de nuevas clases medias urbanas, productos del mismo proceso, ha desbordado las categorías zavaletianas de lo "nacional-popular" para dar paso a un universo discursivo centrado en lo democrático-ciudadano, donde el individuo se instala como el nuevo interlocutor de la historia.

La tercera dimensión de este fenómeno radica en la recomposición de las formas de participación y representación de la ciudadanía. Asistimos a un tránsito histórico donde los antiguos mediadores (los partidos políticos tradicionales y las organizaciones sindicales de cuño corporativo) han perdido su potencia para interpelar a los nuevos sujetos sociales. El surgimiento del “Poder Ciudadano”, expresado con vigor en las movilizaciones de las "pititas", marcó un punto de inflexión irreversible. En estos eventos, la protesta ya no buscaba la toma del poder por la vía del asalto revolucionario o el vanguardismo ideológico, sino la restitución de la condición civil de los individuos frente al autoritarismo de los últimos veinte años. Esta nueva sociedad civil opera bajo una lógica "glocal", combinando demandas locales con una inserción plena en las dimensiones globales a través de las redes y la tecnología. La fragmentación política es, en realidad, el reflejo de una sociedad que rechaza los esquemas de gestión que han probado su ineficiencia y que busca un reconocimiento que ya no pasa por los marcadores étnicos o de raza impuestos por el régimen anterior, sino por sus derechos civiles y su participación directa en la toma de decisiones.

La transición de un modelo estatal a otro siempre se experimenta como una sucesión de momentos turbulentos, protagonizados por nuevas generaciones que intentan darle sentido a su accionar político a través de políticas públicas efectivas y no de dogmas ancestrales o retóricas vacías. Lo que está en juego en el actual escenario no es meramente quién ganará una elección, sino el diseño de un nuevo "Proyecto de Estado" capaz de ofrecer continuidad histórica a una nación que ha cambiado profundamente después de la bonanza malgastada. La demanda por una "democracia real" y no solo formal es el hilo conductor que une a estas nuevas expresiones políticas que exigen que, la libertad, la justicia y la solidaridad se traduzcan en una institucionalidad moderna y eficiente.

Desde la lectura de la situación electoral actual, la proliferación de candidaturas, lejos de ser un obstáculo, debe entenderse como la dialéctica necesaria entre el fin de un ciclo autoritario y el nacimiento de una democracia ciudadana que aún está en ciernes. El desafío para el sistema político, en consecuencia, estriba en transformar esta energía dispersa en una nueva institucionalidad que no reniegue de la modernidad capitalista, sino que la asuma como el marco en el cual las múltiples identidades bolivianas pueden coexistir y prosperar. La actual fragmentación es el síntoma de una sociedad que, tras haber agotado un ciclo de setenta años, busca con urgencia los derroteros que la conduzcan hacia una verdadera emancipación democrática.

[Este texto ha sido corregido con la asistencia de IA, Gemini.google.com]

 

 CANDO LA MUERTE ACECHA

El abordaje de una tragedia de la magnitud de la que recientemente ha conmocionado a Cochabamba, donde una madre extinguió la vida de sus cinco hijos para luego quitarse la propia, ha sacudido los filones mas sensibles de la opinión pública. 

Las autoridades concluyeron que las causas fueron una “crisis económica extrema y conflictos de pareja recurrentes”.  Un drama como este no puede agotarse en un diagnóstico clínico-psiquiátrico ni mucho menos en la estéril condena moral. Un suceso de esta naturaleza requiere una reflexión profunda sobre las fallas estructurales que anidan en nuestra realidad social, económica y cultural. 

Me explico: la pregunta sobre cómo es posible que el instinto de protección maternal (acaso el vínculo más primario de nuestra especie) se transforme en un acto de aniquilación solo puede encontrar respuesta en la erosión de los marcos de referencia que tradicionalmente daban sentido a lo humano. 

Lo que ha fallado aquí no es simplemente una individualidad aislada, una madre atormentada; sino la red de solidaridades fundamentales que la pobreza extrema y la exclusión sistemática han terminado por diezmar. 

En Bolivia, donde las estimaciones internacionales y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que aproximadamente el 36,3 % de la población aún persiste en situación de pobreza, la sociedad ha dejado de cumplir su función mediadora fundamental. 

Ya no somos un espacio donde el sujeto pueda sentirse a salvo, ni donde el "otro" sea percibido como un portador de futuro. Para una vasta cantidad de ciudadanos, los espejismos de la riqueza y los relatos del desarrollo han colisionado con la realidad inmediata rodeada de privaciones y frustración; la vida misma se ha convertido en una extensión de su propia desdicha. 

Este caso es, sin duda, un exponente del horizonte posthumano en su dimensión más sombría. Lo posthumano no se define aquí por la superioridad tecnológica de la vida moderna, sino por la pérdida de la esencia humanista que situaba la vida y el vínculo comunitario como valores supremos e innegociables.

Para muchos, los abismos de precariedad y la percepción de barreras sociales infranqueables pesan mucho más que las promesas de una modernidad simbolizada en el consumo. 

La sociedad de mercado, con su imperativo de éxito y competitividad, actúa como el verdadero acicate de la muerte. Bajo esta lógica, la existencia solo es validada por la capacidad de producir y consumir. 

Este principio básico del capitalismo tardío, sin embargo, no se aplica para aquellas madres rodeadas de carencias totales, el futuro deja de ser una promesa para convertirse en una amenaza. Así, el acto de matar a sus hijos surge como una paradójica y desesperada forma de "salvarlos" de un destino de abandono, indiferencia social, inoperancia estatal y soledad humana que ella ya no puede mitigar.

Como se ve, el hambre y las privaciones han sitiado la subjetividad humana, desplazando cualquier anclaje espiritual o comunitario al abismo de la muerte. El éxito, erigido como el único tótem de la modernidad no admite el fracaso ni la vulnerabilidad. 

Cuando la realidad golpea con la dureza de la miseria, el sujeto posthumano, despojado de redes de contención, opta por la clausura definitiva. Lo que falló fue la comunidad que dejó de mirar, un Estado que se tornó abstracto y un sistema de valores que ha entronizado una materialidad anárquica. 

La tragedia de Cochabamba es, en última instancia, el grito de una realidad que nos advierte que se han encendido las alarmas y activados mecanismos oscuros que, como en este dramático caso, terminan cercando la existencia hasta las últimas consecuencias.

 Cuando el candidato pierde la sonrisa

El debate vicepresidencial entre Juan Pablo Velasco de la Alianza Libre y Edman Lara candidato de la Democracia Cristiana, exigía de sus participantes una dosis propositiva capaz de mostrar los contrastes entre ambos, esto, empero, no fue posible porque Lara optó por la confrontación mostrando una clara debilidad argumentativa frente al candidato de Alianza Libre. Su performance no solo mermó las posibilidades de debate serio y fructífero, sino, desnudó una personalidad intolerante y autoritaria, de alguna manera, su fracaso en la tribuna se convirtió en una radiografía de la crisis final de las poses populistas claramente reflejado en un discurso centrado en el polisémico concepto de “pueblo”. Una estrategia por cierto fracasada en todos los países en que el experimento populista tomó el poder en décadas pasadas.

El primer error estratégico de Lara fue pretender desplegar un discurso basado en la confrontación vacía. Cuando el objetivo primario es anular al adversario en lugar de proponer un horizonte de soluciones, lo que se niega es la propia viabilidad de la propuesta porque evoca las formas autoritarias y unilaterales de las dictaduras latinoamericanas del pasado. Tomar nota de esta intención es crucial, porque la audiencia capta rápidamente la ausencia de sustancia y una burda sustitución por la violencia verbal. El votante, aunque pueda disfrutar del golpe bajo, propio de la morbosidad política, espera que los llamados a dirigir una nación en un momento de cambio como el que vivimos, ofrezcan algo más que gestos airados, poses autoritarias y un comportamiento poco apropiado para un político moderno.

Cuando la propuesta es sustituida por la agresión o la irracionalidad del lenguaje violento, es clara seña de la pequeñez política del protagonista. Esto quedó claro en el debate; Lara no dio la talla que requiere la segunda magistratura del país, Juan Pablo Velasco mostró en cambio el aplomo que supone asumir un cargo de ese nivel en un momento como el actual.

La estridencia del discurso del candidato del PDC quedó anclada en frases repetitivas, acusaciones, y demandas propias de una guerra sucia que, finalmente, terminó mostrando al verdadero Lara: un político aprendiz sumido en el odio y la intolerancia.

El riesgo que implica esta figura es que los violentos se consoliden como actores de la política postevista. Semejante posibilidad no solo seria prolongar lo que vivimos 20 años con el régimen masista (la quintaesencia de la mediocridad y la corrupción) sino que perderíamos la mejor oportunidad de construir una democracia cualitativamente superior, y terminaríamos prolongando este vacío de valores y principios que debieran regir la democracia nacional frente a los desafíos del siglo XXI.

La violencia verbal “larista” y la apelación a las percepciones más sentidas y básicas del pueblo, (propias del populismo y el fascismo) se transforma inevitablemente en una derrota. Se derrota la posibilidad de que el debate público eleve la calidad de la democracia y de que las expectativas ciudadanas encuentren un actor a la altura de estos tiempos.

gráficamente creo que hemos presenciado una transfiguración digna de estudio: La sonrisa inicial, esa mueca de suficiencia que Edman Lara intentó instalar durante el primer bloque del debate, se desvaneció por completo en el subsiguiente. Todo indica que el candidato comprendió el alcance de su descalabro. Su rostro se transformó en una evidente mueca de impotencia y frustración. Esa mueca final fue el sello definitivo de su ineptitud para el cargo que postula, un símbolo que encapsula la derrota de un candidato que, de llegar al poder, solo mostrará las garras de un autoritario mas, al mejor estilo de la izquierda fracasada latinoamericana.

 

 
ENFERMOS DE PODER

En América Latina, la ambición desmedida de poder ha llevado a varios líderes a desbordar los límites constitucionales, erosionar las instituciones democráticas y provocar prolongadas crisis políticas y sociales. Parecería que los latinoamericanos llevamos algún gen cifrado en la ambición de Poder sin límites, empero, cuatro casos muestran las constantes que hacen de estos caudillos dictadores autoritarios y egocéntricos.

El primer caso que nos interesa es el de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina entre 1946 y 1955, y nuevamente en 1973. Inició su mandato con importantes avances sociales, como la expansión del bienestar y la mejora de los derechos laborales. A través de una retórica que dividía la sociedad en “pueblo” y “anti-pueblo”, fue sustituyendo el pluralismo democrático por la lealtad al líder. Él era la presentación insuperable del pueblo, y terminó creyéndose insustituible.

Alberto Fujimori, presidente del Perú entre 1990 y 2000, asumió con una narrativa tecnocrática que logró estabilizar la economía y controlar el terrorismo. No obstante, en 1992 disolvió el Congreso en un “autogolpe” que marcó el inicio de un régimen autoritario. En los diez años de gobierno, judicializó la política, cooptó las instituciones y se reeligió en condiciones irregulares. Huyó en el año 2000 tras un escándalo de corrupción masiva, y fue finalmente condenado por violaciones a los derechos humanos y por el uso del poder en beneficio propio.

Hugo Chávez, electo en Venezuela en 1999, articuló una retórica de justicia social con una progresiva acumulación de poder. Tras el intento de golpe de 2002, debilitó la autonomía de los poderes públicos y restringió la libertad de prensa. Desinstitucionalizó todo el Estado e impuso un régimen dictatorial. Como Perón y Fujimori terminó creyendo que sin él no había nación alguna.

Finalmente, Evo Morales comenzó con un mandato de fuerte contenido social y popular y un decidido apoyo de indígenas y clases medias. Ya sabemos la historia y su infinita ambición de Poder, su inalcanzable egomanía y su desprecio total por la democracia.

Lo que interesa notar son los elementos que distinguen este tipo de regímenes autoritarios, estos elementos podríamos resumirlos en: liderazgos carismáticos surgidos en contextos de crisis o de un profundo deterioro de los sistemas democráticos, identificación del líder con el “pueblo”, debilitamiento progresivo de los contrapesos institucionales, desinstitucionalización progresiva y erosión de las libertades civiles.  Esta la fórmula parece derivar en dictadores de diferente talla y en caudillos cuya ambición de Poder es ilimitado.

La ambición de poder que los caracteriza no fue en ninguno caso un accidente, sino la lógica inherente al populismo y al fascismo. Aunque los contextos son distintos; el populismo peronista, el autoritarismo tecnocrático de Perón, el neofascismo bolivariano y el indigenismo racializado de Evo Morales, todos ellos cruzaron el umbral que separa la autoridad legítima del poder absoluto, lo que  parece evidenciar  que, como advierte Enrique Krauze; "el caudillo latinoamericano tiende a sustituir las instituciones por su voluntad" esta es la vía por la que los caudillos del siglo XXI son devorados por una  ambición irresistible y una ceguera irreversible.

 

                                         Entre la entropía y las fuerzas en tensión

La política boliviana contemporánea puede ser comprendida con notable precisión si se la analiza a través de tres conceptos clave que alguna vez traté en este mismo medio de difusión: entropía, fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Estas nociones, que se formularon originalmente en la física termodinámica, las han apropiado las ciencias sociales modernas para describir procesos sociales y políticos con gran capacidad explicativa. Esto es especialmente útil en contextos de inestabilidad institucional y crisis social aguda.

La entropía, en este marco conceptual, alude a la tendencia natural hacia el desorden, la fragmentación y la pérdida de coherencia en los sistemas complejos. Aplicada a la coyuntura boliviana actual, se manifiesta de manera palpable en la creciente polarización política y social, así como en el progresivo deterioro de las instituciones, particularmente en el ámbito de la institucionalidad democrática. A ello se suma la profunda crisis del sistema judicial,
minado por la corrupción, la cooptación política y la pérdida de legitimidad del actual gobierno.

El proceso de desinstitucionalización, que ya suma más de dos décadas, ha contribuido no solo al debilitamiento del Estado de derecho, sino también a la generación de una aguda incertidumbre colectiva y desconfianza generalizada en el futuro inmediato. El resultado es un clima social en que el tejido social es cada vez más laxo y débil, los valores sociales, morales y éticos han hecho crisis y se ha apoderado de los ciudadanos altos niveles de frustración en un entorno marcado por la crisis económica, la creciente inflación y una sistemática incapacidad gubernamental.

En el campo opositor, las fuerzas centrífugas —aquellas que tienden a la dispersión— son manifiestas y determinantes. Las marcadas diferencias de orden individual, los liderazgos fragmentados, las ambiciones personales y la ausencia de un proyecto político común, impiden la conformación de una alternativa sólida al Movimiento al Socialismo (MAS). Con escasas excepciones, cada facción opositora prioriza sus propios intereses, lo que dificulta la articulación de un frente cohesionado capaz de disputarle el poder al MAS en las próximas elecciones generales. Además, la pugna por el protagonismo y la exposición mediática agrava la fragmentación interna y confunde al electorado.

Sin embargo, no todo está perdido: existen fuerzas centrípetas que podrían, en ciertas circunstancias, propiciar la unidad opositora. La necesidad de frenar la deriva autoritaria, defender los valores democráticos y enfrentar colectivamente los graves problemas económicos actuales podrían constituirse en puntos de convergencia. No obstante, hasta ahora, estas potencialidades no parecen ocupar un lugar prioritario en la agenda de los partidos ni en la estrategia de sus líderes, especialmente en un contexto electoral como el actual donde predomina el cálculo inmediato por encima del horizonte estratégico común, lo que, de alguna manera nos habla de un recorrido entrópico, entendiendo que todo fenómeno de ese tipo termina en el caos.

En el oficialismo, por su parte, las tensiones internas también se han vuelto evidentes y, en algunos casos, insostenibles. Las fracturas dentro del MAS, las luchas intestinas por el control del aparato estatal y la ausencia de una renovación del liderazgo tanto como el reconocimiento del fracaso del modelo que impusieron a partir del 2006, han generado densas fuerzas centrífugas que erosionan la cohesión del bloque masista. A esto se suma el evidente agotamiento de su propuesta política, que ha dejado de ofrecer respuestas eficaces a los desafíos del presente. Sin embargo, en su interior emergen también fuerzas centrípetas, impulsadas por la necesidad de conservar el poder, blindarse ante posibles responsabilidades judiciales y mantener los privilegios acumulados durante dos décadas de administración estatal. La búsqueda de unidad entre facciones enfrentadas dentro del MAS parece sustentarse menos en una visión compartida de país y más en una estrategia de supervivencia política. En este sentido, cualquier posible alianza al interior del oficialismo dependerá más del cálculo pragmático y del temor a las consecuencias del ocaso político que vive actualmente, que de la convicción o la lealtad ideológica.

Visto desde esta perspectiva, la coyuntura política boliviana se configura como un espacio atravesado por una constante tensión entre dinámicas de dispersión y de cohesión. Tanto en la oposición como en el oficialismo, estas fuerzas se entrecruzan, se contrarrestan y, a veces, se anulan mutuamente. La capacidad de los actores políticos para gestionar estas tensiones, construir consensos y articular proyectos políticos incluyentes y democráticos será determinante para el futuro inmediato del país.

El panorama actual, lamentablemente, no ofrece señales claras de superación de la fragmentación ni de construcción de liderazgos capaces de afrontar los desafíos de este nuevo ciclo estatal nacional. Todo parece indicar que una lógica entrópica se ha instalado en el núcleo mismo del sistema político nacional, configurando una fase de alta inestabilidad, incertidumbre y riesgo democrático.

 

 SOBRE LA HISTORIA COLONIAL

En los últimos años una frondosa veta de investigación histórica en torno a las características de la sociedad colonial ha empezado a poner en evidencia que, al menos una buena parte de todas las atrocidades que los pueblos indígenas sufrieron durante la conquista y la colonia, no fueron como hasta ahora se nos enseñó. Para sorpresa de muchos -entre ellos yo- historiadores jóvenes empezaron a notar que aquellas espantosas imágenes de una colonialidad inmisericorde y abrumadoramente criminal, no parecen ser tan ciertas, solo habría que pensar que los españoles fundaron más de 30 universidades en lo que se ha llamado territorios coloniales, y habría que agregar que las Leyes de Indias están consideradas uno de los primeros cuerpos legales que incluyeron principios de Derechos Humanos.

Sin duda reconocer las atrocidades y el sufrimiento de los nativos es inobjetable, pero también van destacándose los logros que sentaron las bases para el desarrollo cultural, académico y político de las naciones sudamericanas. Incluso la nominación de colonias fue en gran medida un despliegue de la cultura inglesa. Según los expertos los pueblos sometidos por la corona española siempre se reconocieron como hispanos; eran territorios hispanos no colonias españolas. La explotación de los términos coloniales fue más un artificio propio de los discursos políticos más que de las narrativas históricas de los pueblos hispanoamericanos.

Este resurgimiento de un pensamiento crítico que no está dispuesto a creerse todo lo que se le cuenta, es propio de los momentos en que grandes periodos de la historia decaen y dan paso a ciclos diferentes cuya distancia con la mitología urbana, la inventiva histórica y la demagogia política se descomponen y surgen en su lugar formas superiores de conocimiento e investigación que, en muchos casos, restituyen los verdaderos parámetros en que se movían las sociedades en el pasado.

En todos los órdenes de la realidad e independientemente de las características culturales, económicas, sociales y políticas de las sociedades de occidente, se experimenta una revisión de los argumentos y de los relatos que sirvieron durante todo el siglo XX y parte del XXI como fundamentos históricos irrefutables y sostén indiscutible de las posiciones ideológicas que marcaron el curso de la historia. 

En todos nuestros países una visión crítica empieza a relativizar los conceptos y los juicios de valor que daban pie a posiciones extremas, en muchos casos marcadas por un sesgo racial inadecuado para un mundo en franco proceso de mundialización. El producto de este fenómeno en gran parte generado por el propio desarrollo económico y social de nuestras sociedades, y el desarrollo tecnológico que las acompaña, se expresa en la generalizada desilusión en torno a los grandes discursos del siglo XX, la crisis terminal de las sacro santas ideologías y la descomposición acelerada de los partidos políticos. Esta explosiva combinación de factores lo menos que puede producir es la necesidad de revisar los argumentos, las justificaciones, los pretextos y los mitos que, a lo largo de las décadas pasadas, solo sirvieron para imponer regímenes e ideologías, derrocar democracias, minar los valores sociales y diezmar las instituciones, incluso, como en nuestro caso, avasallar el sistema republicano para intentar sustituirlo por un indigenismo anacrónico.

Parece pues que estamos en las puertas de un nuevo mundo mucho más intelectualmente diverso, democrático y crítico. Esto sin duda siembra el terror entre los que viven aferrados al pasado y desde allí instrumentalizan sus grandezas y sus miserias para reconstruir ideologías que la modernidad tardía ha sepultado en el cofre de los recuerdos, o para manipular la sensibilidad social en función de sus propios intereses. Todo indica que el siglo XXI avanzará a una nueva modalidad de renacimiento, mas allá de la mediocridad que hoy nos rodea.

 

LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

El MAS interpreta la actual coyuntura en los típicos términos de izquierda y derecha. Arce Catacora dijo públicamente la semana pasada que las próximas elecciones serán una contienda entre la derecha y la izquierda. Esta manera de ver las cosas deja algunas dudas que nacen del propio desarrollo de la historia del capitalismo  y de la modernidad tardía, en el sentido en que, por ejemplo, si yo estoy plena y absolutamente de acuerdo con la liberación femenina, con el matrimonio gay o con la protección de la naturaleza me hacen un hombre progresista, y en consecuencia, dado que progresismo se asociaba a izquierda, un hombre de izquierda, sin embargo, si soy un radical defensor de la propiedad privada, la libertad irrestricta de prensa y de pensamiento, para los actuales “progresistas de izquierda” soy irremediablemente un hombre de derecha, es decir, hoy es muy difícil encasillar los comportamientos tanto cotidianos como políticos en los estrechos márgenes doctrinales de lo que en el siglo XX se denominaba la izquierda y la derecha. De hecho, el proletariado norteamericano es el primer defensor de las grandes corporaciones y centros de producción que les dieron un ingreso económico seguro y una estabilidad financiera duradera. En la realidad concreta del siglo XXI, los obreros están años luz de pretender suprimir a sus patrones capitalistas como sucedía desde el surgimiento del capitalismo.  Difícilmente podríamos decir que los obreros en los países capitalistas hoy en día se inscriben en los parámetros de la lucha de clases. La conciencia revolucionaria que definía la naturaleza de la izquierda ha sido sustituida por los grandes logros de la ciencia y la tecnología, y las épicas batallas hoy tienen como protagonistas centrales del desarrollo económico, social y cultural ya no harapientos obreros en guetos de pobreza, sino, ciudadanos en condominios dotados de alta tecnología. Se estima que para el año 2030, un tercio de la producción mundial estará a cargo de robots inteligentes, de esos que no hacen pliegos petitorios ni declaran huelgas ni bloquean avenidas y que trabajan hasta 24 horas sin detenerse un minuto.

Permanecer aferrado a una concepción de la historia anclada en las derechas y las izquierdas es simplemente no haber reconocido ni una décima de la realidad que caracteriza el siglo XXI. Hasta las expresiones derivadas de esas concepciones antagónicas se han deteriorado, es casi imposible encontrar posiciones antagónicas en la dinámica socioeconómica y política de la sociedad contemporánea. Todas las grandes diferencias han sido progresivamente cubiertas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Seguramente muchos podrían argüir, y con justa razón que el planeta esta atestado de pobres, y es lamentablemente cierto, pero la pobreza del mundo actual no genera ya ideologías porque los pobres del mundo capitalista desarrollado viven en condiciones miles de veces mejoradas en comparación a sus homólogos del siglo XVIII, por ejemplo. Lo que les preocupa ahora es propia identidad y estas no se definen por intereses de clase, sino por expectativas, necesidades y frustraciones emergentes de su diario vivir. Ya no hay obreros en el sentido del marxismo clásico, los han sustituido los ciudadanos de a pie.

Los grandes relatos de los siglos pasados, (el capitalismo, el socialismo, el liberalismo) han dejado de ser categorías que ordenan el comportamiento social de los jóvenes actuales, hoy su comportamiento social y político está ligado a formatos diferentes; el partido ha sido sustituido por la plataforma, el manifiesto por el mensaje en tiempo real. De los grandes movimientos colectivos hemos pasado a los grandes movimientos “conectivos”  y las tecnologías del Poder están más ligadas a la inteligencia artificial que la capacidad intelectual de los lideres, (lo que por cierto ha dado resultados desastrosos en la medida en que cualquier cretino puede ser hoy protagonista de la historia)

En medio de estas dramáticas transformaciones plantear que la situación del país pasa por decidir si me alineo con la derecha o con la izquierda es totalmente inocuo, por no decir absurdo. En las próximas elecciones cuanto puede interesarle a un joven de 18 años saber si sus expectativas son derecha o de izquierda, cuando en realidad su nivel de información lo ponen por encima de cualquier castrante tipificación. Para un joven votante lo que en realidad vale es la clara percepción de su libertad, de su independencia, de la satisfacción de sus necesidades y de la certeza de que todo lo que puede lograr depende del quantum de libertad que lo rodee, y no de unas doctrinas que hace rato dejaron de ser recetarios del destino.

 

 

LOS INCENDIARIOS

Los incendios han devastado hasta la semana pasada más de 3.5 millones de hectáreas. El gobierno informa diariamente cuantos focos de calor existen, pero guarda un sospechoso silencio en relación con la magnitud de las hectáreas devastadas y su localización. Una cosa así no se había visto antes en nuestro país. Se podría pensar que se han incrementado por efectos climáticos, y eso es relativamente cierto, empero, los expertos en medio ambiente y el propio gobierno opinan que, ni duplicando la intensidad de la sequía y la elevación de las temperaturas podrían producirse la cantidad de incendios que estamos experimentando. A todo esto, se suma que ya para nadie es un secreto que el 80% de los incendios forestales son causados de forma intencional. Se trata de avasalladores en potencia que “preparan” la toma de estos predios que, una vez devastados por el fuego, en muchos casos bajo la protección del gobierno, serán luego legalizados mediante el INRA. El gobierno se niega a declarar Emergencia Nacional y deslinda gran parte de sus responsabilidades a los niveles subregionales, en todo caso, está claro que observa con cierto beneplácito la cantidad de tierra que dispondrá para negociar votos el 2025. Se trata a claras luces de una maniobra absolutamente coherente con la moral masista. Sin embargo, más allá de todos estos dolorosos vericuetos el hecho de que el 80% o más de los incendios fueron provocados de forma premeditada, devela la magnitud del deterioro general de la sociedad nacional. La gran mayoría de los ciudadanos en el mundo entero consideran sin muchos remilgos que prenderle fuego a la “Madre Tierra” es un acto criminal que atenta no solo contra el equilibrio ambiental, sino, además, contra todas las formas de vida en el planeta. Los incendiarios fácilmente podrían ser tipificados como criminales, de hecho, nuestra legislación contempla un tipo delictivo denominado “ecocidio”. Con absoluta seguridad hace 20 años atrás ni el más pobre de los pobres se atrevía a incendiar vastas extensiones del territorio nacional, y ni pensar que lo intente en un área protegida, este tipo de criminales son un producto nuevo, son la resultante del “Proceso de Cambio” y del fracaso del proyecto plurinacional masista. Hace 20 años nadie se atrevía a incendiar el país, y no lo hacían porque el conjunto de los ciudadanos (independientemente de su credo, su filiación étnica, su preferencia política, su nivel socioeconómico, o cualquier otro distintivo) sabían que los apetitos personales y las prebendas políticas tenían un límite moral y una talla ética que nadie estaba dispuesto a transgredir. Existía un país donde la convivencia dependía de la aceptación mutua, del reconocimiento de determinados valores y normas sociales que ponían límites, otorgaban derechos y exigían obligaciones. Hace 20 años, la justicia (sin ser un dechado de virtudes, porque nunca lo fue) se aplicaba con cierto rigor a todo el que cometía un delito, hoy se los premia, se les otorga tierras, se les encarga puestos diplomáticos y se los reconoce públicamente. Hace 20 años, ningún gobierno hubiera guardado un silencio abrumadoramente cómplice, criminal y claramente calculado como el silencio del actual gobierno. Hace 20 años, teníamos un país cuya institucionalidad le daba consistencia al tejido social, funcionaba fuertemente ligado a los valores que garantizaban la vida en los marcos de la legalidad, la solidaridad, el cumplimiento de deberes. Han pasado 17 años desde que Evo Morales tomó el Poder y se dio a la tarea, pulcramente continuada por Arce Catacora, de pulverizar todos los mecanismos que les dan consistencia moral y ética a las sociedades. En lo más profundo del sentimiento nacional sabemos que nos han dejado los despojos de una nación que se debate en la búsqueda de una salida histórica capaz de reconstruir su institucionalidad y la Nación misma.  Bajo esas condiciones, los incendiarios no son creaciones del demonio, son lo único que pudo producir el fallido proyecto plurinacional, cuyo resultado puede percibirse como un momento en que ya nada está donde debía y menos los valores, los principios, las normas y la Ley, de manera que, si usted pretende meterle fuego al vecino, no se preocupe, no le pasará nada, semejante atropello está en el guion masista.

 1952, el nacionalismo revolucionario

 y el Estado que acaba de concluir

Se han cumplido 71 años de la sublevación del 9 de abril de 1952, un evento cuyas consecuencias transformaron el espectro histórico de la nación. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR) fue el autor del proceso revolucionario. Este poderoso partido administró directamente el gobierno (considerando todas sus versiones) por el lapso de 27 años 3 meses y algunos días, es decir, el 34% del periodo 1952-2023. Tuvo 11 periodos presidenciales a su cargo, de los cuales 5 culminaron el tiempo constitucional establecido (4 años). Víctor Paz Estenssoro fue 4 veces presidente, de los cuales 3 concluyó su mandato. Hernán Siles Zuazo fue 2 veces presidente de los cuales solo en 1 permaneció los 4 años establecidos. Gonzalo Sánchez de Lozada fue también 2 veces presidente y concluyó su periodo constitucional solo en 1. Lidya Gueiler Tejada, Walter Guevara Arce y Carlos Mesa Gisbert gobernaron bajo los cánones ideológicos del MNR y ninguno de ellos culminó el mandato, fueron en todo lo que quepa en la expresión, gobiernos de emergencia. Esta reseña da cuenta del poder de ese partido y su influjo en el devenir histórico.

En los 71 años transcurridos desde 1952 a la fecha el país experimento 4 “momentos” políticos diferentes: uno nacionalista plenamente revolucionario, (1952-1956) que se proyectó hasta 1964. Uno de corte fascista que se inicia en 1964 con René Barrientos O. y culmina en 1982 con el retorno de la democracia. Uno democrático liberal que va de 1982 al 2006, y finalmente uno indigenista que cubre el periodo 2006 y concluye el 2019 con la renuncia de Evo Morales A.

En la tradición analítica nacional se ha considerado que estos momentos constituyen episodios diferentes y en consecuencia se los analiza por separado. Se asume que fueron consecuencias externas al proceso de la Revolución Nacional, sin embargo, un análisis más detallado de cada uno de ellos desde una perspectiva histórica y no meramente coyuntural, muestra que fueron expresión de las contradicciones internas del mismo proceso, complejo proceso que la terminología especializada instala bajo la categoría de “Estado del 52”, es decir, todos se suceden al interior del proceso de transformaciones de largo alcance que conocemos como “Revolución Nacional”

Lo que en realidad sucedió es que la Revolución liberó todas las fuerzas políticas que se habían ido desarrollando desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. De hecho, sabemos que la fundación del Partido Liberal de Camacho en 1.883, inicia el proceso de formalización de organizaciones políticas propias de la modernidad, organizaciones políticas liberales y conservadoras junto a las nuevas fuerzas de izquierda van germinando a lo largo de todo ese periodo y formarían el capital político que dio curso a la Revolución del 52.

Ejecutadas las reformas estructurales (nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y reforma educativa) e irreversiblemente derrotada la estructura del Poder oligárquico, las fuerzas del MNR ejecutaron el proceso de transformación nacionalista, al mismo tiempo, las tendencias de extrema derecha se desarrollaron bajo la coraza de las Fuerzas Armadas abriendo en 1964 el ciclo de dictaduras militares de corte fascista. Las tendencias democráticas aliadas en la UDP (Unidad Democrática y Popular) recuperaron la democracia en 1982 bajo el sino de una democracia neoliberal, y las tendencias indigenistas e indianistas, enarbolando los postulados de pluralidad multiétnica y racial (que en realidad se los había instalado en el imaginario social boliviano a principios del siglo XX) terminan ganando las elecciones del 2005 con el MAS y Evo Morales.

Todos estos fenómenos se ejecutan como un solo movimiento de la historia que reconocemos bajo la categoría sociológica de “el Estado del 52”, por esa razón, dado que todos se mueven dentro el campo político de ese Estado, la percepción que uno logra es que todos estos fenómenos hacían parte de un solo movimiento de la historia, y que, ese movimiento llegó a su fin el 2019 con el quiebre del proyecto plurinacional masista. El MAS cierra el ciclo del Estado del 52 en un fallido intento por consumar el proyecto de inclusión social que se había gestado tempranamente en el siglo XX, y que se concreta formalmente con el voto universal y la reforma agraria del MNR. La inclusión real y no meramente formal que logra el MAS de Evo Morales, es en última instancia, la conclusión del proyecto de sociedad que el MNR dejó inconcluso, esto es, el cierre del Estado del 52.

Si el ciclo ha concluido, resulta obvio preguntarnos qué momento estamos viviendo. Tan obvia como la pregunta es la respuesta: vivimos los dolores de parto entre un Estado concluido y la búsqueda de una solución de continuidad histórica más allá de las formas democrático-populares, populistas, liberales, indigenistas o fascistas consumadas en la historia boliviana desde mediados del siglo anterior.

Se trata de una transición difícil en la que los grandes discursos nonagésimos y los proyectos cuyo referente clave fue lo popular, han cedido el paso a un referente propio del capitalismo tardío; el ciudadano. Hoy los interlocutores válidos frente al poder instituido son los ciudadanos de a pie. Aquellos épicos momentos en que las “masas populares “definían el curso de la historia y doblegaban los gobiernos con todo el peso del sindicalismo obrero y campesino, son un referente de segundo plano. Las grandes reformas y la defensa de los intereses nacionales y los derechos ciudadanos ya no dependen de los sindicatos y organizaciones populares, tampoco de sus “partidos” y menos de su ideología, hoy se asientan en el Poder Ciudadano cristalizado en plataformas, agrupaciones ciudadanas e instituciones de la sociedad civil.

Esta difícil situación muestra hoy sus vértices más peligrosos expresados en una creciente polarización, y un cúmulo de conflictos que expresan la urgencia de construir un nuevo proyecto de Estado y un diseño de sociedad capaz de responder los desafíos del siglo XXI más allá de las ideologías, de las visiones étnicas y raciales o de las posturas radicales de una izquierda y una derecha que en las sociedades de la ciencia y la comunicación resultan superfluas.