
Mas allá de todos los argumentos que se pueden dar, lo cierto es que las acciones del gobierno en prácticamente todos los casos en que se pone en evidencia una irregularidad importante, terminan invirtiendo el orden de los factores; nunca resultan sospechosos los denunciados y, finalmente, la presunción de un delito recae sobre el denunciante. Semejante proceder ha dejado ya claro lo peligroso que puede ser denunciar las arbitrariedades y abusos del gobierno. En el caso que nos ocupa, por la seriedad de las confesiones hechas por el fiscal, la respuesta del gobierno adquiere las características de escarmiento. Se trata de “sentará precedente” evitando semejantes atrevimientos en el futuro.
Para cualquier ciudadano interesado en la realidad boliviana está claro, que con más frecuencia de la que se cree, la ley tarda pero llega. Posiblemente el artificio mediante el cual el denunciante termina denunciado, o lo que es lo mismo, el honesto termina como corrupto, tenga cierto rédito en el corto plazo, pero en el mediano e incluso en el largo plazo las cosas suelen cambiar. Si los actuales poderosos creen que en el futuro evadirán el juicio y la punición social y jurídica con la facilidad con que revierten la lógica de los procesos en la actualidad; están absolutamente equivocados, en algún momento tendrán que dar cuenta ante la Ley de semejantes atropellos, sin mencionar la abrumadora y exuberante cantidad de elementos de prueba que saldrán a luz pública. En política es muy frecuente que se abra la Caja de Pandora en la primera oportunidad viable, ese es el momento que los que siembran huracanes cosechan tempestades.