ENFERMOS DE PODER

En América Latina, la ambición desmedida de poder ha llevado a varios líderes a desbordar los límites constitucionales, erosionar las instituciones democráticas y provocar prolongadas crisis políticas y sociales. Parecería que los latinoamericanos llevamos algún gen cifrado en la ambición de Poder sin límites, empero, cuatro casos muestran las constantes que hacen de estos caudillos dictadores autoritarios y egocéntricos.

El primer caso que nos interesa es el de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina entre 1946 y 1955, y nuevamente en 1973. Inició su mandato con importantes avances sociales, como la expansión del bienestar y la mejora de los derechos laborales. A través de una retórica que dividía la sociedad en “pueblo” y “anti-pueblo”, fue sustituyendo el pluralismo democrático por la lealtad al líder. Él era la presentación insuperable del pueblo, y terminó creyéndose insustituible.

Alberto Fujimori, presidente del Perú entre 1990 y 2000, asumió con una narrativa tecnocrática que logró estabilizar la economía y controlar el terrorismo. No obstante, en 1992 disolvió el Congreso en un “autogolpe” que marcó el inicio de un régimen autoritario. En los diez años de gobierno, judicializó la política, cooptó las instituciones y se reeligió en condiciones irregulares. Huyó en el año 2000 tras un escándalo de corrupción masiva, y fue finalmente condenado por violaciones a los derechos humanos y por el uso del poder en beneficio propio.

Hugo Chávez, electo en Venezuela en 1999, articuló una retórica de justicia social con una progresiva acumulación de poder. Tras el intento de golpe de 2002, debilitó la autonomía de los poderes públicos y restringió la libertad de prensa. Desinstitucionalizó todo el Estado e impuso un régimen dictatorial. Como Perón y Fujimori terminó creyendo que sin él no había nación alguna.

Finalmente, Evo Morales comenzó con un mandato de fuerte contenido social y popular y un decidido apoyo de indígenas y clases medias. Ya sabemos la historia y su infinita ambición de Poder, su inalcanzable egomanía y su desprecio total por la democracia.

Lo que interesa notar son los elementos que distinguen este tipo de regímenes autoritarios, estos elementos podríamos resumirlos en: liderazgos carismáticos surgidos en contextos de crisis o de un profundo deterioro de los sistemas democráticos, identificación del líder con el “pueblo”, debilitamiento progresivo de los contrapesos institucionales, desinstitucionalización progresiva y erosión de las libertades civiles.  Esta la fórmula parece derivar en dictadores de diferente talla y en caudillos cuya ambición de Poder es ilimitado.

La ambición de poder que los caracteriza no fue en ninguno caso un accidente, sino la lógica inherente al populismo y al fascismo. Aunque los contextos son distintos; el populismo peronista, el autoritarismo tecnocrático de Perón, el neofascismo bolivariano y el indigenismo racializado de Evo Morales, todos ellos cruzaron el umbral que separa la autoridad legítima del poder absoluto, lo que  parece evidenciar  que, como advierte Enrique Krauze; "el caudillo latinoamericano tiende a sustituir las instituciones por su voluntad" esta es la vía por la que los caudillos del siglo XXI son devorados por una  ambición irresistible y una ceguera irreversible.

 

                                         Entre la entropía y las fuerzas en tensión

La política boliviana contemporánea puede ser comprendida con notable precisión si se la analiza a través de tres conceptos clave que alguna vez traté en este mismo medio de difusión: entropía, fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Estas nociones, que se formularon originalmente en la física termodinámica, las han apropiado las ciencias sociales modernas para describir procesos sociales y políticos con gran capacidad explicativa. Esto es especialmente útil en contextos de inestabilidad institucional y crisis social aguda.

La entropía, en este marco conceptual, alude a la tendencia natural hacia el desorden, la fragmentación y la pérdida de coherencia en los sistemas complejos. Aplicada a la coyuntura boliviana actual, se manifiesta de manera palpable en la creciente polarización política y social, así como en el progresivo deterioro de las instituciones, particularmente en el ámbito de la institucionalidad democrática. A ello se suma la profunda crisis del sistema judicial,
minado por la corrupción, la cooptación política y la pérdida de legitimidad del actual gobierno.

El proceso de desinstitucionalización, que ya suma más de dos décadas, ha contribuido no solo al debilitamiento del Estado de derecho, sino también a la generación de una aguda incertidumbre colectiva y desconfianza generalizada en el futuro inmediato. El resultado es un clima social en que el tejido social es cada vez más laxo y débil, los valores sociales, morales y éticos han hecho crisis y se ha apoderado de los ciudadanos altos niveles de frustración en un entorno marcado por la crisis económica, la creciente inflación y una sistemática incapacidad gubernamental.

En el campo opositor, las fuerzas centrífugas —aquellas que tienden a la dispersión— son manifiestas y determinantes. Las marcadas diferencias de orden individual, los liderazgos fragmentados, las ambiciones personales y la ausencia de un proyecto político común, impiden la conformación de una alternativa sólida al Movimiento al Socialismo (MAS). Con escasas excepciones, cada facción opositora prioriza sus propios intereses, lo que dificulta la articulación de un frente cohesionado capaz de disputarle el poder al MAS en las próximas elecciones generales. Además, la pugna por el protagonismo y la exposición mediática agrava la fragmentación interna y confunde al electorado.

Sin embargo, no todo está perdido: existen fuerzas centrípetas que podrían, en ciertas circunstancias, propiciar la unidad opositora. La necesidad de frenar la deriva autoritaria, defender los valores democráticos y enfrentar colectivamente los graves problemas económicos actuales podrían constituirse en puntos de convergencia. No obstante, hasta ahora, estas potencialidades no parecen ocupar un lugar prioritario en la agenda de los partidos ni en la estrategia de sus líderes, especialmente en un contexto electoral como el actual donde predomina el cálculo inmediato por encima del horizonte estratégico común, lo que, de alguna manera nos habla de un recorrido entrópico, entendiendo que todo fenómeno de ese tipo termina en el caos.

En el oficialismo, por su parte, las tensiones internas también se han vuelto evidentes y, en algunos casos, insostenibles. Las fracturas dentro del MAS, las luchas intestinas por el control del aparato estatal y la ausencia de una renovación del liderazgo tanto como el reconocimiento del fracaso del modelo que impusieron a partir del 2006, han generado densas fuerzas centrífugas que erosionan la cohesión del bloque masista. A esto se suma el evidente agotamiento de su propuesta política, que ha dejado de ofrecer respuestas eficaces a los desafíos del presente. Sin embargo, en su interior emergen también fuerzas centrípetas, impulsadas por la necesidad de conservar el poder, blindarse ante posibles responsabilidades judiciales y mantener los privilegios acumulados durante dos décadas de administración estatal. La búsqueda de unidad entre facciones enfrentadas dentro del MAS parece sustentarse menos en una visión compartida de país y más en una estrategia de supervivencia política. En este sentido, cualquier posible alianza al interior del oficialismo dependerá más del cálculo pragmático y del temor a las consecuencias del ocaso político que vive actualmente, que de la convicción o la lealtad ideológica.

Visto desde esta perspectiva, la coyuntura política boliviana se configura como un espacio atravesado por una constante tensión entre dinámicas de dispersión y de cohesión. Tanto en la oposición como en el oficialismo, estas fuerzas se entrecruzan, se contrarrestan y, a veces, se anulan mutuamente. La capacidad de los actores políticos para gestionar estas tensiones, construir consensos y articular proyectos políticos incluyentes y democráticos será determinante para el futuro inmediato del país.

El panorama actual, lamentablemente, no ofrece señales claras de superación de la fragmentación ni de construcción de liderazgos capaces de afrontar los desafíos de este nuevo ciclo estatal nacional. Todo parece indicar que una lógica entrópica se ha instalado en el núcleo mismo del sistema político nacional, configurando una fase de alta inestabilidad, incertidumbre y riesgo democrático.

 

 SOBRE LA HISTORIA COLONIAL

En los últimos años una frondosa veta de investigación histórica en torno a las características de la sociedad colonial ha empezado a poner en evidencia que, al menos una buena parte de todas las atrocidades que los pueblos indígenas sufrieron durante la conquista y la colonia, no fueron como hasta ahora se nos enseñó. Para sorpresa de muchos -entre ellos yo- historiadores jóvenes empezaron a notar que aquellas espantosas imágenes de una colonialidad inmisericorde y abrumadoramente criminal, no parecen ser tan ciertas, solo habría que pensar que los españoles fundaron más de 30 universidades en lo que se ha llamado territorios coloniales, y habría que agregar que las Leyes de Indias están consideradas uno de los primeros cuerpos legales que incluyeron principios de Derechos Humanos.

Sin duda reconocer las atrocidades y el sufrimiento de los nativos es inobjetable, pero también van destacándose los logros que sentaron las bases para el desarrollo cultural, académico y político de las naciones sudamericanas. Incluso la nominación de colonias fue en gran medida un despliegue de la cultura inglesa. Según los expertos los pueblos sometidos por la corona española siempre se reconocieron como hispanos; eran territorios hispanos no colonias españolas. La explotación de los términos coloniales fue más un artificio propio de los discursos políticos más que de las narrativas históricas de los pueblos hispanoamericanos.

Este resurgimiento de un pensamiento crítico que no está dispuesto a creerse todo lo que se le cuenta, es propio de los momentos en que grandes periodos de la historia decaen y dan paso a ciclos diferentes cuya distancia con la mitología urbana, la inventiva histórica y la demagogia política se descomponen y surgen en su lugar formas superiores de conocimiento e investigación que, en muchos casos, restituyen los verdaderos parámetros en que se movían las sociedades en el pasado.

En todos los órdenes de la realidad e independientemente de las características culturales, económicas, sociales y políticas de las sociedades de occidente, se experimenta una revisión de los argumentos y de los relatos que sirvieron durante todo el siglo XX y parte del XXI como fundamentos históricos irrefutables y sostén indiscutible de las posiciones ideológicas que marcaron el curso de la historia. 

En todos nuestros países una visión crítica empieza a relativizar los conceptos y los juicios de valor que daban pie a posiciones extremas, en muchos casos marcadas por un sesgo racial inadecuado para un mundo en franco proceso de mundialización. El producto de este fenómeno en gran parte generado por el propio desarrollo económico y social de nuestras sociedades, y el desarrollo tecnológico que las acompaña, se expresa en la generalizada desilusión en torno a los grandes discursos del siglo XX, la crisis terminal de las sacro santas ideologías y la descomposición acelerada de los partidos políticos. Esta explosiva combinación de factores lo menos que puede producir es la necesidad de revisar los argumentos, las justificaciones, los pretextos y los mitos que, a lo largo de las décadas pasadas, solo sirvieron para imponer regímenes e ideologías, derrocar democracias, minar los valores sociales y diezmar las instituciones, incluso, como en nuestro caso, avasallar el sistema republicano para intentar sustituirlo por un indigenismo anacrónico.

Parece pues que estamos en las puertas de un nuevo mundo mucho más intelectualmente diverso, democrático y crítico. Esto sin duda siembra el terror entre los que viven aferrados al pasado y desde allí instrumentalizan sus grandezas y sus miserias para reconstruir ideologías que la modernidad tardía ha sepultado en el cofre de los recuerdos, o para manipular la sensibilidad social en función de sus propios intereses. Todo indica que el siglo XXI avanzará a una nueva modalidad de renacimiento, mas allá de la mediocridad que hoy nos rodea.

 

LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

El MAS interpreta la actual coyuntura en los típicos términos de izquierda y derecha. Arce Catacora dijo públicamente la semana pasada que las próximas elecciones serán una contienda entre la derecha y la izquierda. Esta manera de ver las cosas deja algunas dudas que nacen del propio desarrollo de la historia del capitalismo  y de la modernidad tardía, en el sentido en que, por ejemplo, si yo estoy plena y absolutamente de acuerdo con la liberación femenina, con el matrimonio gay o con la protección de la naturaleza me hacen un hombre progresista, y en consecuencia, dado que progresismo se asociaba a izquierda, un hombre de izquierda, sin embargo, si soy un radical defensor de la propiedad privada, la libertad irrestricta de prensa y de pensamiento, para los actuales “progresistas de izquierda” soy irremediablemente un hombre de derecha, es decir, hoy es muy difícil encasillar los comportamientos tanto cotidianos como políticos en los estrechos márgenes doctrinales de lo que en el siglo XX se denominaba la izquierda y la derecha. De hecho, el proletariado norteamericano es el primer defensor de las grandes corporaciones y centros de producción que les dieron un ingreso económico seguro y una estabilidad financiera duradera. En la realidad concreta del siglo XXI, los obreros están años luz de pretender suprimir a sus patrones capitalistas como sucedía desde el surgimiento del capitalismo.  Difícilmente podríamos decir que los obreros en los países capitalistas hoy en día se inscriben en los parámetros de la lucha de clases. La conciencia revolucionaria que definía la naturaleza de la izquierda ha sido sustituida por los grandes logros de la ciencia y la tecnología, y las épicas batallas hoy tienen como protagonistas centrales del desarrollo económico, social y cultural ya no harapientos obreros en guetos de pobreza, sino, ciudadanos en condominios dotados de alta tecnología. Se estima que para el año 2030, un tercio de la producción mundial estará a cargo de robots inteligentes, de esos que no hacen pliegos petitorios ni declaran huelgas ni bloquean avenidas y que trabajan hasta 24 horas sin detenerse un minuto.

Permanecer aferrado a una concepción de la historia anclada en las derechas y las izquierdas es simplemente no haber reconocido ni una décima de la realidad que caracteriza el siglo XXI. Hasta las expresiones derivadas de esas concepciones antagónicas se han deteriorado, es casi imposible encontrar posiciones antagónicas en la dinámica socioeconómica y política de la sociedad contemporánea. Todas las grandes diferencias han sido progresivamente cubiertas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Seguramente muchos podrían argüir, y con justa razón que el planeta esta atestado de pobres, y es lamentablemente cierto, pero la pobreza del mundo actual no genera ya ideologías porque los pobres del mundo capitalista desarrollado viven en condiciones miles de veces mejoradas en comparación a sus homólogos del siglo XVIII, por ejemplo. Lo que les preocupa ahora es propia identidad y estas no se definen por intereses de clase, sino por expectativas, necesidades y frustraciones emergentes de su diario vivir. Ya no hay obreros en el sentido del marxismo clásico, los han sustituido los ciudadanos de a pie.

Los grandes relatos de los siglos pasados, (el capitalismo, el socialismo, el liberalismo) han dejado de ser categorías que ordenan el comportamiento social de los jóvenes actuales, hoy su comportamiento social y político está ligado a formatos diferentes; el partido ha sido sustituido por la plataforma, el manifiesto por el mensaje en tiempo real. De los grandes movimientos colectivos hemos pasado a los grandes movimientos “conectivos”  y las tecnologías del Poder están más ligadas a la inteligencia artificial que la capacidad intelectual de los lideres, (lo que por cierto ha dado resultados desastrosos en la medida en que cualquier cretino puede ser hoy protagonista de la historia)

En medio de estas dramáticas transformaciones plantear que la situación del país pasa por decidir si me alineo con la derecha o con la izquierda es totalmente inocuo, por no decir absurdo. En las próximas elecciones cuanto puede interesarle a un joven de 18 años saber si sus expectativas son derecha o de izquierda, cuando en realidad su nivel de información lo ponen por encima de cualquier castrante tipificación. Para un joven votante lo que en realidad vale es la clara percepción de su libertad, de su independencia, de la satisfacción de sus necesidades y de la certeza de que todo lo que puede lograr depende del quantum de libertad que lo rodee, y no de unas doctrinas que hace rato dejaron de ser recetarios del destino.

 

 

LOS INCENDIARIOS

Los incendios han devastado hasta la semana pasada más de 3.5 millones de hectáreas. El gobierno informa diariamente cuantos focos de calor existen, pero guarda un sospechoso silencio en relación con la magnitud de las hectáreas devastadas y su localización. Una cosa así no se había visto antes en nuestro país. Se podría pensar que se han incrementado por efectos climáticos, y eso es relativamente cierto, empero, los expertos en medio ambiente y el propio gobierno opinan que, ni duplicando la intensidad de la sequía y la elevación de las temperaturas podrían producirse la cantidad de incendios que estamos experimentando. A todo esto, se suma que ya para nadie es un secreto que el 80% de los incendios forestales son causados de forma intencional. Se trata de avasalladores en potencia que “preparan” la toma de estos predios que, una vez devastados por el fuego, en muchos casos bajo la protección del gobierno, serán luego legalizados mediante el INRA. El gobierno se niega a declarar Emergencia Nacional y deslinda gran parte de sus responsabilidades a los niveles subregionales, en todo caso, está claro que observa con cierto beneplácito la cantidad de tierra que dispondrá para negociar votos el 2025. Se trata a claras luces de una maniobra absolutamente coherente con la moral masista. Sin embargo, más allá de todos estos dolorosos vericuetos el hecho de que el 80% o más de los incendios fueron provocados de forma premeditada, devela la magnitud del deterioro general de la sociedad nacional. La gran mayoría de los ciudadanos en el mundo entero consideran sin muchos remilgos que prenderle fuego a la “Madre Tierra” es un acto criminal que atenta no solo contra el equilibrio ambiental, sino, además, contra todas las formas de vida en el planeta. Los incendiarios fácilmente podrían ser tipificados como criminales, de hecho, nuestra legislación contempla un tipo delictivo denominado “ecocidio”. Con absoluta seguridad hace 20 años atrás ni el más pobre de los pobres se atrevía a incendiar vastas extensiones del territorio nacional, y ni pensar que lo intente en un área protegida, este tipo de criminales son un producto nuevo, son la resultante del “Proceso de Cambio” y del fracaso del proyecto plurinacional masista. Hace 20 años nadie se atrevía a incendiar el país, y no lo hacían porque el conjunto de los ciudadanos (independientemente de su credo, su filiación étnica, su preferencia política, su nivel socioeconómico, o cualquier otro distintivo) sabían que los apetitos personales y las prebendas políticas tenían un límite moral y una talla ética que nadie estaba dispuesto a transgredir. Existía un país donde la convivencia dependía de la aceptación mutua, del reconocimiento de determinados valores y normas sociales que ponían límites, otorgaban derechos y exigían obligaciones. Hace 20 años, la justicia (sin ser un dechado de virtudes, porque nunca lo fue) se aplicaba con cierto rigor a todo el que cometía un delito, hoy se los premia, se les otorga tierras, se les encarga puestos diplomáticos y se los reconoce públicamente. Hace 20 años, ningún gobierno hubiera guardado un silencio abrumadoramente cómplice, criminal y claramente calculado como el silencio del actual gobierno. Hace 20 años, teníamos un país cuya institucionalidad le daba consistencia al tejido social, funcionaba fuertemente ligado a los valores que garantizaban la vida en los marcos de la legalidad, la solidaridad, el cumplimiento de deberes. Han pasado 17 años desde que Evo Morales tomó el Poder y se dio a la tarea, pulcramente continuada por Arce Catacora, de pulverizar todos los mecanismos que les dan consistencia moral y ética a las sociedades. En lo más profundo del sentimiento nacional sabemos que nos han dejado los despojos de una nación que se debate en la búsqueda de una salida histórica capaz de reconstruir su institucionalidad y la Nación misma.  Bajo esas condiciones, los incendiarios no son creaciones del demonio, son lo único que pudo producir el fallido proyecto plurinacional, cuyo resultado puede percibirse como un momento en que ya nada está donde debía y menos los valores, los principios, las normas y la Ley, de manera que, si usted pretende meterle fuego al vecino, no se preocupe, no le pasará nada, semejante atropello está en el guion masista.

 1952, el nacionalismo revolucionario

 y el Estado que acaba de concluir

Se han cumplido 71 años de la sublevación del 9 de abril de 1952, un evento cuyas consecuencias transformaron el espectro histórico de la nación. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR) fue el autor del proceso revolucionario. Este poderoso partido administró directamente el gobierno (considerando todas sus versiones) por el lapso de 27 años 3 meses y algunos días, es decir, el 34% del periodo 1952-2023. Tuvo 11 periodos presidenciales a su cargo, de los cuales 5 culminaron el tiempo constitucional establecido (4 años). Víctor Paz Estenssoro fue 4 veces presidente, de los cuales 3 concluyó su mandato. Hernán Siles Zuazo fue 2 veces presidente de los cuales solo en 1 permaneció los 4 años establecidos. Gonzalo Sánchez de Lozada fue también 2 veces presidente y concluyó su periodo constitucional solo en 1. Lidya Gueiler Tejada, Walter Guevara Arce y Carlos Mesa Gisbert gobernaron bajo los cánones ideológicos del MNR y ninguno de ellos culminó el mandato, fueron en todo lo que quepa en la expresión, gobiernos de emergencia. Esta reseña da cuenta del poder de ese partido y su influjo en el devenir histórico.

En los 71 años transcurridos desde 1952 a la fecha el país experimento 4 “momentos” políticos diferentes: uno nacionalista plenamente revolucionario, (1952-1956) que se proyectó hasta 1964. Uno de corte fascista que se inicia en 1964 con René Barrientos O. y culmina en 1982 con el retorno de la democracia. Uno democrático liberal que va de 1982 al 2006, y finalmente uno indigenista que cubre el periodo 2006 y concluye el 2019 con la renuncia de Evo Morales A.

En la tradición analítica nacional se ha considerado que estos momentos constituyen episodios diferentes y en consecuencia se los analiza por separado. Se asume que fueron consecuencias externas al proceso de la Revolución Nacional, sin embargo, un análisis más detallado de cada uno de ellos desde una perspectiva histórica y no meramente coyuntural, muestra que fueron expresión de las contradicciones internas del mismo proceso, complejo proceso que la terminología especializada instala bajo la categoría de “Estado del 52”, es decir, todos se suceden al interior del proceso de transformaciones de largo alcance que conocemos como “Revolución Nacional”

Lo que en realidad sucedió es que la Revolución liberó todas las fuerzas políticas que se habían ido desarrollando desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. De hecho, sabemos que la fundación del Partido Liberal de Camacho en 1.883, inicia el proceso de formalización de organizaciones políticas propias de la modernidad, organizaciones políticas liberales y conservadoras junto a las nuevas fuerzas de izquierda van germinando a lo largo de todo ese periodo y formarían el capital político que dio curso a la Revolución del 52.

Ejecutadas las reformas estructurales (nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y reforma educativa) e irreversiblemente derrotada la estructura del Poder oligárquico, las fuerzas del MNR ejecutaron el proceso de transformación nacionalista, al mismo tiempo, las tendencias de extrema derecha se desarrollaron bajo la coraza de las Fuerzas Armadas abriendo en 1964 el ciclo de dictaduras militares de corte fascista. Las tendencias democráticas aliadas en la UDP (Unidad Democrática y Popular) recuperaron la democracia en 1982 bajo el sino de una democracia neoliberal, y las tendencias indigenistas e indianistas, enarbolando los postulados de pluralidad multiétnica y racial (que en realidad se los había instalado en el imaginario social boliviano a principios del siglo XX) terminan ganando las elecciones del 2005 con el MAS y Evo Morales.

Todos estos fenómenos se ejecutan como un solo movimiento de la historia que reconocemos bajo la categoría sociológica de “el Estado del 52”, por esa razón, dado que todos se mueven dentro el campo político de ese Estado, la percepción que uno logra es que todos estos fenómenos hacían parte de un solo movimiento de la historia, y que, ese movimiento llegó a su fin el 2019 con el quiebre del proyecto plurinacional masista. El MAS cierra el ciclo del Estado del 52 en un fallido intento por consumar el proyecto de inclusión social que se había gestado tempranamente en el siglo XX, y que se concreta formalmente con el voto universal y la reforma agraria del MNR. La inclusión real y no meramente formal que logra el MAS de Evo Morales, es en última instancia, la conclusión del proyecto de sociedad que el MNR dejó inconcluso, esto es, el cierre del Estado del 52.

Si el ciclo ha concluido, resulta obvio preguntarnos qué momento estamos viviendo. Tan obvia como la pregunta es la respuesta: vivimos los dolores de parto entre un Estado concluido y la búsqueda de una solución de continuidad histórica más allá de las formas democrático-populares, populistas, liberales, indigenistas o fascistas consumadas en la historia boliviana desde mediados del siglo anterior.

Se trata de una transición difícil en la que los grandes discursos nonagésimos y los proyectos cuyo referente clave fue lo popular, han cedido el paso a un referente propio del capitalismo tardío; el ciudadano. Hoy los interlocutores válidos frente al poder instituido son los ciudadanos de a pie. Aquellos épicos momentos en que las “masas populares “definían el curso de la historia y doblegaban los gobiernos con todo el peso del sindicalismo obrero y campesino, son un referente de segundo plano. Las grandes reformas y la defensa de los intereses nacionales y los derechos ciudadanos ya no dependen de los sindicatos y organizaciones populares, tampoco de sus “partidos” y menos de su ideología, hoy se asientan en el Poder Ciudadano cristalizado en plataformas, agrupaciones ciudadanas e instituciones de la sociedad civil.

Esta difícil situación muestra hoy sus vértices más peligrosos expresados en una creciente polarización, y un cúmulo de conflictos que expresan la urgencia de construir un nuevo proyecto de Estado y un diseño de sociedad capaz de responder los desafíos del siglo XXI más allá de las ideologías, de las visiones étnicas y raciales o de las posturas radicales de una izquierda y una derecha que en las sociedades de la ciencia y la comunicación resultan superfluas.

 

¿Vivimos el fin del Estado Popular?

Para nadie es un secreto que las disputas internas del MAS han puesto de manifiesto el fin de la hegemonía masista y a su vez, el fin del Estado Popular. La impresión generalizada es que se disputan lo último que queda; lo último que queda del Estado Popular frente a la inminencia del Estado-ciudadano. Al primero lo fundamentaba lo “nacional-popular”, al segundo lo fundamenta lo “democrático-ciudadano”. Vivimos pues una batalla epocal.

No se trata de un problema de gobernabilidad, se trata de un momento de Crisis estructural del Estado que nos deja la sensación de que mientras ellos se sacan los ojos el país funciona a la deriva, por encima, o por debajo, pero bastante lejos de las trifulcas masistas.

En torno a esto hay en la actualidad tres interpretaciones sociológicas que intentan explicar el actual estado de cosas: Una sostiene que se trata de un Estado Fallido, es decir, de un Estado que fracasó en el manejo de la nación y que nos llevó al límite histórico del desastre. Otra, la oficialista, que sostiene que lo que vivimos son las vicisitudes de la transformación histórica producto de la Revolución Cultural y la fundación del Estado Plurinacional, y la mía propia que sostiene que ha concluido el periodo histórico del Estado Popular, y que, en su lugar vivimos un momento de transición en que la sociedad  y las instituciones de la sociedad civil intentan organizarse como fuerzas políticas a partir de las identidades urbanas, ahora nucleadas en plataformas ciudadanas y grupos de presión propios de la calle.

Los argumentos en favor de un Estado Fallido son sin duda válidos. El MAS fracasó en su intento de transformar el país en el escenario del Socialismo Siglo XXI. Ninguno de sus postulados alcanzó un nivel que dejarían marcado un derrotero de curso obligatorio, como fue por ejemplo la nacionalización de las minas o el Voto Universal ejecutados por el MNR como base de la Revolución Nacional. La inclusión social de los indígenas y otros sectores siempre excluidos hace parte del programa nacionalista, el MAS lo hizo posible más allá de las formalidades, y eso hay que reconocérselo encomiablemente, a más de esto y algunas otras pocas cosas más, las medidas que desplegó el MAS solo fueron las expresiones finales del Estado del 52 con una sobre dosis de racismo a la inversa. Ninguna fue un acto propiamente fundacional.

Los argumentos que consideran que la crisis actual se debe a la descomposición del Estado Plurinacional son igualmente válidos, pero ésta crisis final del MAS es también producto del Fin del Estado Popular. Es la evidencia de que el intento de Refundar una Nación desde la perspectiva de raza no era más que una distopía en la medida en que deviene absurda en el escenario de la mundialización de las culturas y la globalización de las economías, a más de que el occidente capitalista no tiene posibilidad alguna de existir al margen de la modernidad victoriosa, y el pachamamismo masista va –en consecuencia- en contra ruta de toda la historia de la civilización occidental capitalista, habida cuenta del fracaso universal del socialismo real.

Lo que en mi criterio atravesamos es un momento en que la descomposición del periodo nacionalista, (de 1952 a la fuga de Evo Morales el 2019) sumado a la crisis global de las ideologías nonagésimas, la emergencia de los ciudadanos de a pie como los nuevos sujetos de la historia de occidente (por encima de los clásicos protagonistas del siglo XX; los obreros y los burgueses) bloquearon todos los intentos de transformar el nacionalismo revolucionario del MNR en un indigenismo excluyente y racialmente pautado, que en los hechos nunca fue parte del plan revolucionario del MNR, al contrario, al basar su accionar político en la alianza de clases que lo llevó al Poder, evitó cualquier contaminación de orden racial o étnica. La Revolución Nacional se proyectaba como una República capitalista inscrita en la modernidad al mejor estilo de occidente, el Estado Plurinacional es su antítesis histórica.

Los nuevos actores políticos, nacidos del Poder Ciudadano deben desarrollar una visión clara sobre la trascendencia del momento actual. No se trata de un recambio de gobernantes, tampoco de un golpe de timón en el actual estado de cosas, menos de la reposición de las condiciones previas al advenimiento del MAS el 2005, se trata de un momento de inflexión en que alguien debe reencausar la historia nacional bajo un nuevo paradigma político e “ideológico” (si cabe el término de por sí caduco) Un nuevo paradigma en el escenario propio del siglo XXI y en el horizonte de la democracia ciudadana y liberal, por ello, las jóvenes generaciones actuales tienen, en toda la extensión de la palabra, un desafío de dimensiones epocales.

 La Protesta Social

En la historia contemporánea de nuestro país, pocas veces hemos visto que la ciudadanía decida mantener por tanto tiempo un paro que a claras luces complotaba contra su bienestar, es más, que su persistencia y decisión se incrementara a medida que la protesta se extendía. Se ha atribuido este fenómeno a la conciencia cívica y ciudadana de la población cruceña, y esto es sin duda cierto, pero en realidad expresa mucho más que la mera conciencia de los derechos y las necesidades que experimenta el departamento, en realidad, se presenta como una forma particular de los fenómenos de protesta social que desde mediados del siglo pasado surgieron casi en todos los países de occidente. En el fondo, muestra a su manera el agotamiento de las formas de representación y participación política que, hasta finales del siglo XX se mostraban dominantes.

La protesta social se ha extendido por todo el planeta. Un estudio realizado por la Friedrich Ebert Stiftung y la Iniciativa para el Diálogo de Políticas (IPD) y algunasr universidades norteamericanas a lo largo y ancho del planeta durante el 2006 al 2020, mostró que en todo el mundo los ciudadanos protestaron más que en ninguna época pasada, en todos los casos, (independientemente de la razón que hubiera servido de detonante) la razón última era “una mejor democracia” y “justicia social”, o lo que se ha dado en llamar una “democracia más real”.

Más allá del problema que diera inicio a grandes movilizaciones sociales como las que vimos en Chile el año pasado, que se iniciaron ante el descontento social por el incremento de los pasajes en el metro de Santiago, o las que sacudieron Zinbabue por el aumento del precio de la gasolina, o Argelia contra el quinto mandato de Buteflika, o Haití por la renuncia de Jovel Moise, o Hong Kong contra la Ley de Extradición, o las de las valientes mujeres iraníes motivado por el asesinato de Masha Amini y la negativa a utilizar el velo (hiyab) que ordena la tradición religiosa musulmana, o la boliviana por la aprobación de una Ley por la ejecución oportuna del censo, cualquiera de estas razones para protestar está motivada en realidad por la certidumbre de que vivimos la crisis de representación y de participación social más profunda en la historia del capitalismo, la modernidad y occidente. Los ciudadanos no se sienten parte de la dinámica del Poder, y perciben que ésta se ejecuta entre corredores secretos, convenios y arreglos furtivos en un ambiente de corrupción, inequidad y desprecio por sus derechos.

Bolivia no es la excepción, lo que distingue el caso boliviano es que la protesta encontró en la ciudadanía cruceña un escenario de conciencia cívica y democrática irreductible. No se trataba solo de la fecha del censo, en realidad lo que puso en el tapete es la vigencia de un modelo de Estado que, desde mediados del siglo pasado, a título de democracia fue cerrando los mecanismos de representación y participación en el Poder de las nuevas fuerzas sociales (particularmente femeninas) bajo un sistema obsoleto. Es en realidad un ajuste de cuentas con un modelo democrático que ya no responde a las nuevas condiciones sociales, económicas políticas y culturales del país. El movimiento por el censo decretó el final de un paradigma que se inició a mediados del siglo XX, atravesó una serie de ciclos y transformación y concluyó en una expresión indigenista y autoritaria bajo el mando de Evo Morales y el MAS.

La crisis global de la democracia está signada por profundos cambios en la esfera social. El mundo que se dividía entre obreros y burgueses, entre izquierdas y derechas y entre ideologías progresistas y conservadoras ya no es el de los ciudadanos del siglo XXI. No es el de las amas de casa, ni el de los miembros LGBT, ni el de los campesinos urbanos y menos de la nueva “burguesía popular”, madre histórica de un “capitalismo popular” que mueve economías informales inmensamente poderosas. Esos nuevos actores de la historia expresaron, en el caso boliviano, a propósito de la fecha del censo, la certeza de que la democracia tal como la vivimos se ha agotado, que lo que conocemos como “el periodo democrático” (1982-2006) hizo, con luces y sombras, lo que tenía que hacer y ahora debe dar paso a una democracia ciudadana capaz de transformar la realidad nacional en un horizonte más inclusivo, más equitativo y más justo. En el fondo, lo que estamos pidiendo es una democracia más “real” porque la historia reciente nos ha dejado claro que las dictaduras disfrazadas de democracia son falsas.

 

 

 EL EXPERIMENTO PLURINACIONAL

Cuando la noche del 24 de noviembre los diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja empezaron a revisar el proyecto de Ley que fijaba la fecha de las elecciones para el 2025, la distribución de los recursos de coparticipación, y la redistribución de escaños y circunscripciones electorales emergente del nuevo mapa demográfico producto de los resultados censales, un profundo temor invadió la representación masista. Entre inútiles y graciosos argumentos quedó claro que no tenían salida. Debían votar a favor de la Ley y sus dos prescripciones o enfrentar la furia de la ciudadanía que en Santa Cruz tenía ya cerca de un mes de paro con más de 1000 millones de pérdida.

En la hermenéutica impuesta por Evo Morales y el MAS, la representación campesina es superior a la urbana, resulta que las minorías rurales están mejor representadas en el Poder Político que las mayorías urbanas, que a la sazón constituyen más del 70% de la población nacional frente a un 26% que se reconoce como indígena según el INE. Los resultados derivarán (después del censo) en la recomposición de las cámaras, es decir, los campesinos-indígenas-originarios dejarán de ser mayoría parlamentaria, el MAS no tendrá mayoría y menos aún dos tercios y el país estará representado en sus proporciones correctas.

El pánico se apoderó de la fracción evista porque una situación de esa naturaleza dejó claro que el Estado Plurinacional, concebido como una sociedad mayoritariamente indígena, era una construcción ficticia que el MAS instaló mediáticamente e ideológicamente para imponer un régimen basado en preceptos y concepciones de raza. Como las mentiras tienen patas cortas, a la hora de votar la Ley llegó el momento de afrontar la realidad: el Estado Plurinacional que imaginaban bajo la hegemonía indígena-originario-campesina no pasó de ser un experimento fallido, en las calles y en el propio Congreso estaban ciudadanos citadinos clase media, mestizos, empresarios, emprendedores, la burguesía aimara, las clase media y lumpen, y como sucede en todo el planeta,  todos querían un capitalismo popular más justo, más equitativo y menos racista.

En ese dramático momento que requirió varios “cuartos intermedios” e intensas negociaciones intra-MAS, en realidad lo que se discutía es si eran capaces de asumir la realidad de un país multicultural en el concertó de la modernidad, bajo el prisma del capitalismo y el protagonismo del ciudadano común situado más allá de las clases sociales, de las etnias y de las razas, y la emergencia del ciudadano como el nuevo interlocutor frente al Estado, en otras palabras, lo que estaba en mesa era el reconocimiento del fracaso del experimento plurinacional y el fin de una quimera a la que le dieron el nombre de Estado Plurinacional.